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Por unanimidad, el Congreso del Estado de Durango exhortó a la delegación de la Secretaría de Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Gobierno del Estado y a los 39 municipios, a mejorar la atención dirigida a personas de pueblos y comunidades indígenas.
Durante la sesión ordinaria, el diputado Iván Soto Mendía, del Grupo Parlamentario del PRI y originario del municipio de Mezquital, presentó el punto de acuerdo al señalar que la falta de acompañamiento adecuado impide a muchas comunidades ejercer plenamente sus derechos.
“Yo nací en un pueblo originario. Mi lengua materna no siempre es el español, y mi forma de ver el mundo nace de la historia de mi comunidad. Sin embargo, cada vez que necesito realizar un trámite, siento que el sistema no fue hecho para mí”, expresó desde tribuna.
El legislador explicó que las barreras de idioma, la distancia, la discriminación y la falta de información provocan que muchas personas queden fuera de programas sociales y servicios públicos. Por ello, propuso la incorporación de gestores culturalmente competentes que interpreten procesos, expliquen derechos, acompañen decisiones y protejan a las personas indígenas en los trámites que realicen ante las distintas instancias.
“No pedimos privilegios, exigimos respeto. No pedimos caridad, exigimos derechos. Incluir personas que tiendan puentes es una forma real de garantizar nuestra dignidad”, subrayó.
Al sumarse a la propuesta, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo planteó adicionar un párrafo para exhortar también al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y a la Secretaría de Educación, a fin de que diseñen, implementen y certifiquen programas permanentes de formación, acreditación y profesionalización de intérpretes y gestores comunitarios en lenguas originarias que presten sus servicios en dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno.
“Para quienes venimos de pueblos originarios, este tema no es un trámite más, es la dificultad diaria para ejercer un derecho en un idioma que muchas veces no es el nuestro”, resaltó.
Finalmente, se destacó la importancia de institucionalizar la atención para que no dependa de acciones temporales, sino que se convierta en una política pública permanente que garantice un trato digno e incluyente para las comunidades indígenas de la entidad.
